Comenzando el año 2015 fui contratado como administrador de obras por la empresa gubernamental Corpoandes, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación. La mencionada empresa se dedica a la construcción de viviendas para familias de bajos recursos.
Durante ocho años no tuve mayores contratiempos en la empresa, más allá de los problemas técnicos por falta de insumos y materiales de construcción, sin embargo, con la llegada de Jehyson José Guzmán a la gobernación del estado Mérida en diciembre de 2021, todo eso cambió radicalmente.
El nuevo gobernador, quien fuera ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria , Ciencia y Tecnologóa, muy allegado al dictador Maduro y connotado corrupto, nombrò a un familiar cercano de nombre Fidelina Araque como jefa del departamento de suministros y ahí comenzó mi gran calvario.
El modus operandi de la directora Araque consistía en recibir el material completo, emplear una pequeña porción en las obras de la empresa y colocar el resto en el mercado negro. El problema radicaba en que yo tenía que firmar muchos de las notas de recibo de esos materiales que ella manipulaba y desviaba para sus propios beneficios y aquellos de sus allegados, entre los cuales se suponía que se contaba el propio gobernador Guzmán.
Para finales del año 2022 ya la directora Araque tenía una empresa paralela y comenzaron los rumores de su evidente y descarada corrupción, llegando información a la prensa y la radio de Mérida.
El 23 de febrero de 2023 se presentó en la empresa una comisión de la Contraloría intentando hacer una inspección en los almacenes de Corpoandes, pero la directora Araque, empleando sus fuertes lazos con la gobernación del estado, la impidió.
Muchos de los ejecutivos de la empresa que habíamos sido obligados a firmar los documentos en que se relacionaban los materiales recibidos tuvimos el temor de ser involucrados en las escabrosas maniobras de la directora Araque. Para comienzos del año en curso, 2023, se nos obligaba a firmar documentos evidentemente falsificados en los que no se reflejaba la totalidad de los materiales recibidos. A modo de ejemplo, si la empresa recibía tres mil sacos de cemento, la directora Araque los repartía en dos lotes. En el primer lote se reflejaban mil sacos y el resto en un segundo documento que no estaba numerado. Esos dos mil sacos eran los que ella colocaba en el mercado negro. Aunque jamás nos explicó por qué de aquellos documentos sin numeral, era evidente que se trataba de un procedimiento irregular. Nos hacía firmar ambos documentos, pero estábamos seguros de que ella escondía los documentos que a ella le convenía perder, es decir, el de los dos mil sacos.
Los inspectores que llegaron de Caracas estaban tremendamente molestos e insistieron en hacer las inspecciones pertinentes. Unos cuantos de los ejecutivos fueron citados por los inspectores, entre ellos yo.
El lunes 6 de marzo la directora Araque me llamó a su oficina para amenazarme descaradamente. Me advirtió que si hablaba de los documentos sin numerar, sufriría las consecuencias y aparecería en un terreno solitario con mi boca llena de moscas. En otras palabras: ¡me asesinarían!
Afortunadamente los inspectores no llegaron a entrevistarme porque fueron llamados abruptamente a Caracas, pero sabía que la crisis no había terminado y que tarde o temprano continuaría hasta que se llegara a descubrir la superlativa corrupción que la directora Araque había implementado en la empresa.
Temiendo por mi vida y por la posibilidad de ser involucrado injustamente en una operación en la cual no había participado, el viernes 26 de mayo (2023) le presenté mi renuncia a la directora Araque, pero ésta no la aceptó y me volvió a amenazar. Pensaba que si yo estaba fuera de la empresa, me sería muy fácil comunicarme con las autoridades pertinentes y descubrir las indebidas maniobras de la directora Araque.
El sábado 3 de junio en la madrugada se presentó en nuestro hogar un comando armado que aparentaban ser un grupo de los llamados colectivos. Afortunadamente mi esposa e hijas se encontraban pasando un fin de semana con familiares que vivían en las afueras de Mérida. Me pusieron un revólver en la frente y me dispararon. El arma no tenía balas. Lo hicieron para torturarme psicológicamente. El supuesto jefe del grupo se identificó con un carnet policial y me obligó a que lo acompañara a las dependencias del llamado SEBIN, la policía política de la dictadura.
Cuando me montaron en la camioneta y comenzaron a alejarse de mi urbanización, me di cuenta de que no me llevaban al SEBIN. La camioneta tomó la ruta de la carretera hacia el pueblo de Mucuchíes y a unos cuantos kilómetros se detuvo, me bajaron del vehículo y comenzaron a darme golpearme con las culatas de las armas largas que portaban. Al terminal la brutal agresión, donde me fracturaron varias costillas, me dejaron tirado en un bosque de la Carretera Trasandina, pensando que estaba muerto o que moriría irremediablemente.
Por fortuna para mí, unos campesinos me encontraron y me llevaron a una medicatura rural en las afueras del pequeño pueblo de Tabay, desde donde luego me llevaron en ambulancia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de la ULA donde permanecí recluido una semana.
Saliendo del hospital, un familiar abogado me sugirió que pusiera la denuncia ante las autoridades competentes y cuál sería mi sorpresa cuando reconocí a uno de los policìas como el supuesto jefe del grupo que me había secuestrado el pasado 3 de junio.
Fue tan grande mi temor que de la policía me fui directamente a refugiarme a la ciudad de Barquisimeto, a unos 400 kilómetros de distancia de Mérida. A los pocos días me traje a mi esposa y a mis hijas. Teníamos mucho temor de regresar a nuestro estado. Sin embargo, sabíamos que tampoco estaríamos seguros a 400 kilómetros de nuestra ciudad, porque los tentáculos de la dictadura abarcan cada rincón de Venezuela. Fue entonces cuando tomamos la determinación de buscar la manera de salir del país.
Me demoraría varios meses en lograr salir de Venezuela. Al fin lo logré el 1ro de agosto del corriente año (2023), logrando cruzar la frontera de México con EEUU el 5 de octubre del corriente año.
